Después de un largo debate sobre como serían los nuevos controles y pago de impuestos para la industria criptográfica, se aprobó esta demorada ley que permitirá al gobierno de Joe Biden inyectar $1,2 billones de dólares en las obras públicas de la nación.
Esta ley fundamental para la reactivación económica de Estados Unido, preparada con acuerdo bipartidista, estuvo frenada por las criptomonedas (Poder cripto en Washington) entre grandes discusiones. Finalmente la necesidad prevaleció a todo y se terminó aprobando con un muy dudoso régimen de controles y pago de impuesto para las criptomonedas.
El propio Comité Blockchain del Congreso tiene ” inquietudes ” sobre el alcance de los nuevos requisitos de declaración de impuestos para los usuarios de criptomonedas. El plan inicial de la Ley era que las plataformas de intercambio y otras empresas de servicios monetarios que venden activos digitales fueran quienes pagaran impuestos, junto a poseedores por compras grandes. Sin embargo, al no ponerse de acuerdo en esta metodología se termina por aprobar una ampliación dudosa que podría incluir ahora también a los mineros de criptomonedas, los validadores y los desarrolladores de software.
Algunos intentos de última hora para fijar reglas claras no pudieron avanzar ya que necesitaban el total de la aceptación del Senado. Ayer Pat Toomey (republicano de Pensilvania) había anunciado que se había acordado que se añadiera la enmienda por consentimiento unánime para la aplicación de impuestos pero el senador Richard Shelby se opuso y todos se cayó.
La ambiguedad de las medidas que regulan a las criptomonedas desde esta ley aprobada será un enorme desafío para la industria y el propio gobierno de EEUU. El temor por muchos expresado que esto podría hundir a la industria en Estados Unidos es posible aunque poco probable. La larga demora en la aprobación de esta Ley que generaba inversión de 1.2 billones de dólares es un ejemplo del poder que ha logrado las criptomonedas en el gigante del norte. No sólo por un hábil lobby de las empresas y referentes de la propia industria, sino también en el propio Senado, donde un grupo de demócratas y republicanos estuvieron unidos para defender a los activos digitales y su potencial desarrollo.
