“Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas que no cumplieron con el debido registro están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco” contaba Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Para la prensa mexicana, en esa zona opera el Cartel Jalisco Nueva Generación, “uno de los grupos criminales más poderosos, temidos y de más rápido crecimiento en México” según indicaba El País de España unos meses atrás en un informe.
La Ley Fintech mexicana, clasifica a la prestación habitual o profesional de intercambio de activos virtuales, por medio de plataformas digitales, como una actividad de riesgo por su posible vínculo con actividades delictivas, con una atención especial para organizaciones vinculadas al narcotráfico, contra las que autoridades mexicanas vienen combatiendo desde tiempos del Chapo Guzman.
“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda actuar” decía más adelante el jefe de la UIF.
Esta declaraciones de Nieto Castillo no plantean un escenario de persecución “supuestamente justificado” contra el intercambio de criptomonedas. Que identifique a 12 específicas plataformas marcan más una investigación sobre control delictivo que un intento de orden de las finanzas locales tradicionales.
